Por Mildred Rivera Marrero / end.mrivera1@elnuevodia.com

La Ley 54 se creó en 1989 y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres comenzó en el 2002, pero los incidentes de violencia doméstica aumentaron de 13,528 a 22,778 entre el 1990 y el 2005.
Desde el 2003 al presente han muerto 109 mujeres a manos de sus compañeros.
Marta Mercado, subprocuradora de las Mujeres, recordó que en el 2005 hubo 35 muertes por violencia doméstica. Pero al siguiente año se reportaron 18, algo que en parte atribuyó a la intensa campaña educativa gubernamental que se puso en vigor. En lo que va de 2007, han muerto 14 mujeres.
“La penalidad y la clasificación de un delito no es un disuasivo automático porque ninguna persona en el momento de cometer un delito anda con el Código Penal en el carro para ver cuántos años (de cárcel) le tocan. La verdad es que las personas no piensan en nada porque están guiadas por cosas más fuertes”, indicó el ex presidente del Colegio de Abogados Eduardo Villanueva.
El abogado destacó que la Ley 54 “más severa no puede ser” y que “ha servido bien. Pero no puede atender la patología social. Es importante que se bregue con la formación del ser humano, la escuela, el hogar, que se enseñen técnicas para desplazar la conducta violenta”.
En eso coincidió Mercado al señalar que “la ley sola no va a terminar con la violencia. Es una responsabilidad de todo el mundo”.
La funcionaria dijo que es importante que las mujeres -principales víctimas de ese delito- se orienten y que también es vital que los servicios existentes se hagan más accesibles a la población.

“No hay forma”
El psiquiatra Luis Raúl Colón fue más allá al hablar de los problemas fisiológicos que pueden predisponer a una persona a convertirse en un agresor. Indicó que cuando un niño sufre maltrato y no establece un vínculo con la persona que lo cuida en sus primeros tres años, sufre alteraciones en el cerebro que lo predisponen a desarrollar conductas antisociales y criminales. Cuando esa predisposición se une a una pobre formación educativa, moral y ética, entre otras, “no hay forma, no hay disuasivo que valga”.
Por su parte, el superintendente de la Policía, Pedro Toledo, destacó que, además de tener una ley fuerte, ésta tiene que implantarse debidamente.
“Creo que en los tribunales hay que ser bien estrictos. Las condiciones de fianza deben ser bien estrictas. Hay que entender que si una persona tiene orden de protección y la viola, se debe ser más severo e, incluso, encarcelarlo hasta que se vea el juicio. No creo que eso sea uniforme a través de todos los tribunales. Esos casos se tienen que procesar con agilidad, que no se pospongan”.
El Superintendente aseguró que ahora existe una mayor coordinación entre las agencias para atender el problema y destacó que es importante ofrecer servicios de consejería y sicología a los agresores.