El cierre incluye sólo el refugio para mujeres maltratadas que ubica en una localidad secreta en San Juan, no así los albergues ubicados en Ponce y Aguadilla, ni los servicios de orientación, programas de vivienda transitoria y ayuda a niños que también opera la institución.
Castro explicó que tan pronto se reciban los fondos, el albergue, que tiene cupo para entre 15 a 17 mujeres con sus hijos, será reabierto. Las mujeres que estaban en San Juan fueron reubicadas en Ponce o Aguadilla.
Castro dijo que, a largo plazo, las propuestas por sí solas no serán suficientes para sostener todos los servicios que ofrece la Casa Protegida Julia de Burgos, una institución emblemática en la lucha contra el grave problema de violencia intrafamiliar en el País.
La totalidad de los servicios que ofrece la institución han beneficiado a cerca de 10,000 mujeres y niños solamente en el 2006 y lo que va de 2007, señaló Castro.
El centro necesita con urgencia recuperar las aportaciones ciudadanas (de individuos o entidades) que le permiten costear gastos no cubiertos por las propuestas y que poco a poco han ido mermando, a juicio de Castro, debido a la difícil situación fiscal que enfrenta el País. “Entendemos que mensualmente necesitamos un fondo de aportaciones de $10,000 a $15,000”, explicó la mujer, quien estimó en poco más de un millón de dólares los costos operacionales de la organización.
“Realmente nuestra situación fiscal y económica está bien frágil. Es comparable a lo que ha pasado en el País. Casa Julia tiene que hacer un llamado porque la realidad es que hay necesidad apremiante, hay niños y mujeres víctimas de violencia y no hay un sólo albergue con nuestra capacidad”, sostuvo.
Tan sólo los meses de enero a julio 31 de este año se han reportado 8,496 querellas de violencia doméstica. De éstas, 7,239 fueron radicadas por mujeres. Durante el mismo periodo, 12 féminas fueron asesinadas por sus maridos o compañeros.
La directora aclaró que se han recibido algunos donativos pero éstos no han sido suficientes para evitar el cierre del albergue, que también le costó el puesto a diez empleados en San Juan, a dos en Aguadilla y a uno en Ponce.
“La comunidad debe entender cuál es el servicio que podríamos estar perdiendo. Sólo hay que mirar los periódicos para que nos demos cuenta de la situación de violencia y maltrato de niños que estamos enfrentando. El esfuerzo que cualquiera pueda dar es importante”, sostuvo Castro.
El año pasado los programas de la institución asistieron a 7,739 mujeres y niños en las tres regiones. De enero a mayo del corriente lograron canalizar ayudas para 4,040 personas afectadas por la violencia doméstica.
La subprocuradora de las Mujeres, Marta Mercado, destacó la importancia de la Casa Julia de Burgos al recordar que fue el primer albergue en toda la región del Caribe destinado a brindar ayuda a las víctimas de violencia.
“Este servicio es esencial para la protección de las víctimas de violencia doméstica en nuestro País porque protegen vidas de muchas mujeres y sus hijos e hijas”, manifestó la funcionaria.