Sin supervisión los desvíos por Ley 54

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lunes, 13 de marzo de 2006

Firuzeh Shokooh Valle PRIMERA HORA

Ocho de 13 programas han sido descertificados desde noviembre pasado porque no cumplían con los requisitos mínimos. (Archivo / PRIMERA HORA)

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Más de la mitad de los programas privados de desvío para agresores por Ley 54 han sido cerrados luego de 15 años de funcionar sin supervisión alguna.

La Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación, ha descertificado ocho de 13 programas desde noviembre pasado porque no cumplían con los requisitos mínimos de calidad. Si estos proyectos corrigen sus fallas podrían ser certificados nuevamente.

La Junta Reguladora fue creada por virtud de la Ley 449 del 28 de diciembre de 2000, para evaluar y fiscalizar los programas de reeducación establecidos mediante la Ley 54 de Violencia Doméstica en 1989. En otras palabras, pasaron aproximadamente 15 años -los programas privados comenzaron a operar a principios de la década de 1990- para que fueran regulados debidamente.

Durante todos esos años, proveedores privados ofrecían los programas sin tener que responder a una entidad fiscalizadora. La Legislatura nunca asignó fondos para este propósito y la entonces Comisión para los Asuntos de la Mujer -ahora Oficina de la Procuradora de las Mujeres- elaboró unas guías y certificaba a los facilitadores luego de darles un taller de violencia doméstica. La única persona que dirigía el proceso era el técnico de servicios sociopenales.

En noviembre de 2005 existían 13 programas de reeducación -12 privados y uno del Gobierno- para hombres y mujeres convictos por Ley 54 por primera vez y que no hubieran violado una orden de protección expedida al amparo de la Ley 54. En 1998 el Negociado de Tratamiento y Rehabilitación del Departamento de Corrección inició su programa "Conviviendo sin violencia" para personas indigentes convictas por la Ley 54, que es fiscalizado por la agencia y cumplió con la evaluación de la Junta Reguladora.

Al garete
La directora ejecutiva de la Junta Reguladora, la sicóloga Nedda Echevarría, dibujó un cuadro desolador de los programas privados de readiestramiento. Estos programas básicamente operaban al garete.

Explicó que carecían de una estructura programática -un modelo estructurado de tratamiento-, los facilitadores no cumplían con los estándares mínimos de educación y preparación, no tenían un procedimiento de evaluación, no hacían una evaluación inicial del agresor -para, entre otros, evaluar su nivel de letalidad- mezclaban a agresores con víctimas, no había un plan de tratamiento individualizado, no llevaban expedientes, no tenían manuales educativos, no tenían facilidades físicas adecuadas ni tomaban medidas de seguridad, no cumplían con el tiempo mínimo de un año y al menos dos horas semanales de terapia y en algunos grupos había más de 12 personas por facilitador.

Todos estos requisitos están establecidos claramente en las guías, entregadas a PRIMERA HORA, que actualmente revisa la Junta Reguladora. A los cuatro proveedores privados que sobrevivieron la evaluación se les otorgó una licencia "provisional" de seis meses hasta que culmine la evaluación. Echevarría calculó que estos proveedores cobran aproximadamente $60 la hora a cada persona.

"No se supervisaba ni había ningún tipo de control sobre lo que ocurría con los proveedores privados", dijo Echevarría. La Junta Reguladora -que otorga las licencias, certificaciones y supervisa los programas desde 2001- está compuesta por siete miembros nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado. Debe haber representación de los departamentos de Corrección y Familia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca), un sicólogo clínico, un trabajador social y un abogado.

La sicóloga recordó, incluso, que al preguntarle a uno de los proveedores de dónde sacaba el modelo que empleaba, le respondió "de la cabeza". También relató que uno de los grupos se reunía en una marquesina.

Investigaciones académicas y de la Procuraduría de las Mujeres han revelado que los tribunales refieren frecuentemente a los agresores a programas de reeducación. Una vez certificados, los centros no vuelven a entrar en contacto con estas personas, por lo cual no existen estadísticas sobre reincidencia. El Departamento de Corrección, no obstante, ha recopilado estadísticas de revocación.

Los datos del Negociado de Tratamiento y Rehabilitación, dirigido por Carmen Peña, reflejan que entre 1998 hasta la fecha 1,240 agresores -un 90 por ciento hombres- fueron referidos a sus programas de reeducación en cuatro oficinas regionales. De este total, 219 están activos actualmente, sólo 348 completaron el tratamiento, 237 fueron referidos a centros privados, 171 estaban en desvío aunque no les otorgaron el privilegio, 138 fueron dados de baja por "ausencias y actitudes", 32 fueron revocados y 48 están "en proceso" de ser revocados. El resto, en cantidades ínfimas, dejó el programa por razones como muerte, archivo de los casos y traslado a Estados Unidos.

Los agresores que son revocados porque incumplieron con requisitos de asistencia, disposición, aceptación del problema o cometieron una agresión en el transcurso del tratamiento, entre otros, pierden el privilegio de la libertad a prueba y el tribunal les dicta sentencia. Según la Ley 54, si la persona beneficiada no viola ninguna de las condiciones, el tribunal, con recomendación del personal a cargo del programa, "en el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista", podrá sobreseer el caso en su contra.

servido por Ada Mercedes 8 comentarios compártelo